Tres directivos del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa han sido procesados por la Audiencia Provincial de Valencia por presuntamente impedir, con diferentes artimañas, que una psiquiatra ocupara la plaza que le correspondía tras haberla obtenido por oposición. La Audiencia aprecia «indicios vehementes» de la comisión de delitos de prevaricación y desobediencia a la autoridad. Los procesados se enfrentan a una inhabilitación de 15 años y una importante multa económica.
La víctima está representada por el abogado penalista Emilio Pérez Mora, quien ya ha presentado el escrito de acusación con las penas reclamadas. El caso, que se remonta a 2018, es un ejemplo paradigmático de cómo una irregularidad en la Administración puede derivar en un procedimiento penal cuando se incumplen de forma reiterada las resoluciones judiciales.
Datos clave del caso
| Tribunal | Audiencia Provincial de Valencia |
| Procesados | Tres directivos del Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa |
| Delitos investigados | Prevaricación y desobediencia a la autoridad |
| Penas solicitadas | 15 años de inhabilitación y multa económica |
| Víctima | Psiquiatra con más de 20 años de interinidad, plaza ganada por oposición en 2018 |
| Abogado de la acusación | Emilio Pérez Mora, abogado penalista Valencia |
Una oposición ganada, una plaza negada
La psiquiatra llevaba más de 20 años trabajando como interina en la Conselleria de Sanidad cuando, en 2018, aprobó una oposición que le permitía obtener una plaza en propiedad. Siguiendo el orden de preferencia establecido, eligió el Hospital Clínico de Valencia como destino — su primera opción —, y así le fue asignado a mediados de 2019.
Sin embargo, lo que debería haber sido un trámite ordinario se convirtió en el inicio de un calvario laboral. Su superior le comunicó que se incorporaría más tarde de lo previsto y que, además, lo haría en una plaza de salud mental infantil que ni siquiera figuraba en la convocatoria original. La propia Audiencia señala este punto como una clara desatención a una resolución judicial.
«El asunto parece propio de esas historias que suceden en los sótanos de la Administración y que rara vez salen a la luz. Decisiones injustas que se convierten en un supuesto quebranto laboral y personal para los afectados.» — Las Provincias
Expediente disciplinario, dos años de baja y más trabas
Ante la situación, la psiquiatra acudió a la entonces Conselleria de Transparencia para denunciar lo ocurrido. Como reacción, los ahora procesados le abrieron un expediente disciplinario que culminó con una sanción de dos meses de suspensión de empleo y sueldo. La profesional recurrió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que le dio la razón y anuló la sanción.
Durante todo este proceso, la psiquiatra estuvo dos años de baja. Cuando pudo reincorporarse, el gerente del departamento le informó de que su trabajo se desarrollaría en consultas externas atendiendo pacientes de otros profesionales — no en la plaza que había ganado. El embrollo se agravó aún más cuando el Juzgado de lo Contencioso había acordado ya mediante auto de medidas cautelares que la plaza de la psiquiatra debía ser la del Hospital Clínico, la que ella había elegido. El tribunal apreció en este punto una clara desatención a la resolución judicial.
De lo contencioso-administrativo a lo penal
Lo inusual de este caso es precisamente el salto del ámbito administrativo al penal. El Juzgado de Instrucción, en una primera valoración, no apreció indicios de criminalidad y archivó el caso. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura del procedimiento al apreciar «indicios vehementes» de que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación — dictar resoluciones injustas a sabiendas — y otro de desobediencia a la autoridad por el incumplimiento de las resoluciones judiciales ya firmes.
Los tres directivos procesados pertenecen al Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa. El gerente, identificado con las iniciales J.A., sigue desempeñando el cargo. Las otras dos procesadas, I.G. y M.R., ya no están al frente de sus jefaturas.
Los propios directivos alegaron en su defensa que la controversia estaba resuelta desde diciembre de 2021 y que, cuando la profesional presentó la querella a mediados de 2023, ya se encontraba en una plaza ambulatoria. La Audiencia no consideró válido este argumento.
¿Qué hay detrás? La acusación apunta a una conducta deliberada
La acusación, ejercida por Emilio Pérez Mora, destaca el daño psicológico, laboral y profesional causado a su representada como consecuencia de la actuación de los directivos, calificándola de «conducta deliberada para perjudicarla». Se especula con que todo este comportamiento anómalo pretendía beneficiar a otros profesionales más cercanos al equipo directivo, quienes presumiblemente se sentarán también en el banquillo de los acusados.
Emilio Pérez Mora, abogado de la acusación
Emilio Pérez Mora es abogado penalista con sede en Valencia y más de 25 años de experiencia en la defensa de los derechos de sus clientes ante los tribunales. En este caso ejerce la acusación particular en representación de la psiquiatra perjudicada, habiendo logrado que la Audiencia Provincial revocara el archivo inicial del caso y acordara la continuación del procedimiento penal contra los tres directivos. Su escrito de acusación solicita 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y una significativa multa económica.
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Contexto legal: prevaricación y desobediencia en la Administración
La prevaricación administrativa, tipificada en el artículo 404 del Código Penal, se produce cuando una autoridad o funcionario público dicta a sabiendas una resolución arbitraria e injusta. La pena prevista incluye inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta nueve años. Por su parte, la desobediencia a la autoridad castiga el incumplimiento deliberado de resoluciones judiciales firmes por parte de quienes tienen obligación de cumplirlas. Cuando ambos delitos concurren y son cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, la respuesta penal puede ser especialmente contundente, precisamente para proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones.