La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Valencia acusadas de despojar a una anciana octogenaria con alzhéimer de la totalidad de su patrimonio inmobiliario. Entre los arrestados figuran dos abogados, un notario, la cuidadora de la víctima y el comprador de los inmuebles. El beneficio ilícito estimado asciende a 785.000 euros. El caso, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, ha adquirido un giro especialmente grave tras detectarse en el organismo de la anciana restos de metanol y mercurio, sustancias que el tribunal está analizando como posible indicio de tentativa de homicidio.
La familia de la víctima, que acudió a la defensa del despacho del abogado penalista Emilio Pérez Mora para proteger los intereses de la anciana, fue quien alertó a las autoridades y ha solicitado con carácter urgente la paralización de la venta de las propiedades que aún puedan estar pendientes de transmisión.
Datos clave del caso
| Juzgado | Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia |
| Detenidos | 5 personas (2 abogados, 1 notario, 1 cuidadora, 1 comprador) |
| Víctima | Mujer octogenaria diagnosticada de alzhéimer desde octubre de 2022 |
| Perjuicio estimado | 785.000 euros |
| Delitos investigados | Estafa, falsedad en documento público, prevaricación, deslealtad profesional y posible tentativa de homicidio |
| Sustancias halladas | Metanol y mercurio en el organismo de la víctima |
| Denuncia | Presentada por los sobrinos de la anciana en junio de 2025 |
| Defensa de la familia | Emilio Pérez Mora, abogado penalista Valencia |
Cómo empezó todo: la denuncia de los sobrinos
La investigación arrancó en junio de 2025, cuando los sobrinos de la anciana presentaron una denuncia ante la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa, en Valencia. En ella relataban dos hechos que les habían encendido las alarmas: el aislamiento progresivo al que estaba siendo sometida su tía, que les impedía cualquier contacto con ella, y la rápida venta de todos sus bienes inmuebles en un plazo de poco más de un año.
El detonante definitivo fue el intento de ejecutar una cláusula contractual que permitía ingresar a la anciana en una residencia con el objetivo de vender el piso donde residía, su vivienda habitual. Fue en ese momento cuando los sobrinos, al tratar de contactar con ella, comprobaron que ya no podían acceder a su entorno y que la totalidad de sus propiedades habían sido transmitidas.
«Los investigadores detectaron retiradas en cajeros por valor de 82.000 euros entre diciembre de 2022 y junio de 2025, una cifra que consideraron desproporcionada para una mujer que vivía prácticamente confinada en su domicilio y siempre acudía acompañada de una cuidadora.»
El papel de cada detenido
Los dos abogados actuaban simultáneamente como asesores de la anciana y de la parte compradora de los inmuebles, lo que supone un conflicto de interés flagrante. Esta doble representación provocó que los bienes se vendieran por valores muy inferiores a los de mercado, incrementando el beneficio del comprador a costa de la víctima. Las defensas niegan haber obtenido beneficio económico y sostienen que todas las decisiones respondían a la voluntad expresa de la anciana, quien, según su versión, necesitaba liquidez para cubrir los gastos de su atención.
El notario formalizó la totalidad de las operaciones, incluida la venta de la vivienda habitual de la anciana bajo la fórmula de nuda propiedad y con condiciones especialmente gravosas que ponían en riesgo la permanencia de su usufructo. Según la investigación, el notario se personó junto al comprador para entrevistar a vecinos del inmueble y tratar de acreditar que la mujer ya no residía allí, cuando sí lo hacía. El magistrado no le impuso medidas cautelares al considerar que los indicios de su participación son menores que los del resto.
La cuidadora, que había sido incluida en el testamento de la anciana y ejercía una gran influencia sobre ella, era la encargada de realizar las extracciones de efectivo desde los cajeros automáticos. La Policía la considera la persona con mayor ascendiente sobre la víctima y pieza clave en la operativa de la trama.
El comprador adquirió los inmuebles a precios inferiores al mercado, con el asesoramiento de los mismos abogados que, en teoría, debían proteger a la vendedora.
El hallazgo que cambió el caso: metanol y mercurio
El caso dio un giro radicalmente más grave cuando los análisis médicos revelaron que la anciana presentaba en su organismo restos de metanol y mercurio, sustancias que a las dosis y circunstancias adecuadas pueden resultar letales, especialmente en una persona de avanzada edad con una enfermedad degenerativa. La mujer llegó a ser hospitalizada durante varios días. El juzgado mantiene abierta una línea de investigación por posible tentativa de homicidio, aunque por el momento ninguno de los detenidos ha sido imputado formalmente por este delito.
La situación judicial: libertad provisional con condiciones
El juez recibió a los cinco detenidos y, a petición de la Fiscalía, acordó su libertad provisional. Sin embargo, para cuatro de ellos —los dos abogados, la cuidadora y el comprador— impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia judicial cada quince días. Al notario no se le aplicaron restricciones al entender el magistrado que los indicios que le afectan son de menor entidad.
Emilio Pérez Mora, abogado de la familia
Los sobrinos de la víctima han confiado su defensa al abogado penalista Emilio Pérez Mora, con despacho en Valencia. La acción de la defensa familiar ha resultado determinante: fue la denuncia presentada con el respaldo jurídico de Pérez Mora la que puso en marcha la investigación policial y judicial que ha derivado en las cinco detenciones. Desde el despacho se ha solicitado con carácter urgente la paralización de cualquier operación de venta pendiente sobre los bienes de la anciana, para evitar que el daño patrimonial se extienda mientras la causa sigue su curso.
Contexto legal: ¿qué delitos se investigan y qué penas conllevan?
Estafa agravada — cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de edad o enfermedad, las penas pueden superar los cuatro años de prisión. Falsedad en documento público — implica la posible colaboración del notario en la validación de actos viciados de nulidad. Prevaricación — figura aplicable a quienes, teniendo obligación de actuar con imparcialidad, dictan o formalizan actos a sabiendas de su injusticia. Deslealtad profesional — afecta a los abogados que representaron simultáneamente intereses contrapuestos. Y en el horizonte, si se acredita la intencionalidad en la administración de las sustancias tóxicas, una posible acusación por tentativa de homicidio, que podría llevar la pena hasta los diez años de prisión.